El transporte público será totalmente gratuito para los vecinos de Montpellier a partir del próximo 21 de diciembre. La ciudad francesa tiene una población de 300.000 habitantes y, en la actualidad, se llevan a cabo 280.000 viajes en coche diarios que son responsables del el 40 por ciento de las emisiones de CO₂.
La medida no es totalmente novedosa en Francia pero sí supone un salto de nivel, pues la mayoría de los 43 pueblos y ciudades donde es gratuito el transporte público cuentan con menos de 150.000 personas, según el Observatorio del Transporte Gratuito. A nivel internacional, es sabido que Luxemburgo fue el país pionero en implantarlo (2020), aunque sus particularidades no lo convierten en la mejor prueba posible para los estados más grandes.
La ciudad, gobernada por el Partido Socialista, ha justificado la medida sobre todo desde el punto de vista medioambiental, pero también han manifestado que “la movilidad es un derecho.” La gratuidad se financiará a cargo de los ingresos del Versement Mobilité, un impuesto pagado por las empresas en Francia con al menos 11 empleados que permite a las autoridades locales financiar proyectos de movilidad.
La gratuidad o no del transporte es un debate vivo a nivel mundial que tiene valedores y detractores. La mayoría de quienes se muestran contrarios a la filosofía aducen que la decisión de viajar de una manera u otra tiene que ver en muchas ocasiones con la comodidad, la frecuencia y la rapidez del servicio más que con el precio. La gratuidad, sin un crecimiento paralelo de la inversión, –y teniendo en cuenta la caída del beneficio inherente a la medida– podría llevar fácilmente a una red de transporte público saturada y con problemas de mantenimiento, que expulsara a usuarios del sistema. También hay quienes abogan por una subvención ligada a los niveles de renta y quienes, sin embargo, prefieren que la movilidad pública sea considerada como un derecho (como la escuela o la sanidad) y por lo tanto universalmente gratuita.
Es obvio, por otra parte, que el precio del transporte público importa también a los ciudadanos. En 2013 estalló en Brasil una gran oleada de manifestaciones a raíz del Movimiento Pase Libre, colectivo formado años atrás en el Foro Social de Portoalegre que reaccionó a las subidas de los precios. En 2019 las subidas del billete de metro también ocasionaron grandes protestas en Chile que valieron la declaración del Estado de Emergencia por parte del gobierno de Sebastián Piñera.
Es posible que, una vez más, no haya una misma receta para todos los contextos. No se trata de una discusión cerrada ni parece haber tampoco una coherencia muy remarcable entre las diferentes experiencias. En Estonia, por ejemplo, se observó que con la gratuidad del transporte los usuarios aumentaron, pero los nuevos viajeros fueron sobre todo quienes antes se desplazaban en bicicleta o a pie. Otras experiencias, como la alemana tras la instauración de billetes baratos (nueve euros al mes), sí parecían haber empujado a cierto vaciamiento de las carreteras.
Recientemente, el presidente del gobierno de España dijo en la Sesión de Investidura querer extender las medidas de subvención al transporte de la última legislatura como paliativo parcial a la inflación (tren sin coste y grandes rebajas en los abonos) a la gratuidad para jóvenes, mayores y desempleados. Está claro que el run run flota en el aire.
