Los desahucios, que coparon las parrillas televisivas hace años, no son hoy ya una realidad visible en España. Tampoco el movimiento por la vivienda, cuyas camisetas verdes y muestras de solidaridad colectiva en los portales fueron vistos como el epítome del activismo en nuestro país.
Si bien en los últimos años el número de lanzamientos descendió algo por las medidas extraordinarias de protección por la crisis de la COVID-19, estuvieron muy lejos de dejar de ser un problema social. Durante 2022 hubo más de 104 diarios en España (38.266 ejecutados durante el año), un total de 8.574 en Cataluña, 6717 en Andalucía o 3679 en la Comunidad de Madrid (según datos del Consejo del Poder Judicial recogidos por el Observatorio de vivienda accesible). En 2023, aún con la suspensión de desahucios a inquilinos vulnerables prorrogados, se siguen produciendo 174 desahucios diarios en España.
Un sencillo experimento de observación nos permitirá percatarnos de cómo, más allá de las estadísticas y la repercusión de la crisis de la vivienda en España, el problema de los desahucios sigue vigente y los movimientos sociales que lo afrontan colectivamente activos. Hemos estado atentos a la difusión en redes sociales de una semana (entre el 6 y el 12 de noviembre). Simplemente, hemos hecho una anotación no exhaustiva de comunicados en redes sociales sobre el tema en busca de perspectiva. Son muchos más, pero ya son suficientemente elocuentes.
La semana comenzó el 6 de noviembre con la noticia de que el Stop Desahucios de Maritza y su familia, convocado por la Asamblea de Vivienda de Villalba, no había conseguido parar el desahucio por impago de alquiler. El mismo día veíamos imágenes de una brutal actuación de los Mossos d’Esquadra en otro desahucio. Sin embargo, mejor suerte corrieron en Sant Boi, donde se paró una ejecución y se consiguió del BBVA negociar un realojo; o en Terrassa, donde el martes también se paró un desahucio durante un mes.
El miércoles PAH Vallekas consiguió parar temporalmente el segundo intento de desahucio de Flor, otro más se paró en la localidad madrileña de Alcorcón y se supo que se había sobreseído una denuncia de la entidad bancaria Caixabank contra PAH Zaragoza.
El jueves, el Sindicato de Barrio de Moratalaz comunicaba que el día anterior “un anciano de Moratalaz en muy mal estado de salud se intentó suicidar cuando iba a ser desahuciado”. Un trágico subrayado del problema que se repite cada poco tiempo.
Pero la semana no terminaría sin una muestra del buen tono muscular del movimiento por la vivienda con el anuncio de la liberación de un bloque de viviendas en Iruña por parte del Sindicato Socialista de Vivienda de Euskal Herria. “Familias con menores como vecinos, que hayan estado anteriormente sin hogar; son mujeres que han sufrido violencia de género y jóvenes que no pueden emanciparse”, según explicaban.
Este acercamiento a la realidad de una semana cualquiera denota que alrededor de la quiebra de la vivienda confluyen muchas decenas de miembros de policía, gran cantidad de miles de euros de recursos públicos y un número importante de activistas por la vivienda trabajando cada día (el lanzamiento es solo el pico visible de la montaña de trabajo de conforma el día a día del movimiento). El problema de la vivienda, en sus distintas dimensiones, sigue siendo la misma herida social que hace pocos años todos reconocimos aunque se ven menos los enseres apilados en la calle después de los desahucios.
